La posibilidad de autorizar la interrupción voluntaria
del embarazo y despenalizar el aborto en determinadas circunstancias, aprobada ayer
por el Senado de Uruguay, divide prácticamente en dos a la población, y su
aplicación efectiva estará en duda durante, por lo menos, dos años más, ya que
primero debe reglamentarse y la oposición ya convocó a un referéndum.
Las últimas encuestas de opinión revelan que
aproximadamente el 51% de la población está a favor, un 42% en contra y un 7%
no opina.
Basándose en estos datos, así como en otros argumentos
éticos o filosóficos, la oposición política anunció que recogerá firmas para
someter a referéndum la normativa, junto con las elecciones nacionales de
octubre de 2014.
Entre los que apoyan el proyecto de ley hay incluso
quienes expresaron algunas reservas y quienes lo consideran un avance, pero aún
insuficiente, como es el caso del senador oficialista Alberto Couriel, quien
dijo que “hubiera preferido haber votado hoy el proyecto que salió del Senado”.
Uruguay ha sido pionero en América Latina en debatir
la despenalización del aborto, desde que en 1933 se autorizó a los hospitales
públicos la interrupción del embarazo. Pero la iniciativa, que entró en
vigencia en 1934, duró menos de un año, ya que en 1935 el entonces dictador
Gabriel Terra la derogó.
