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| Escribe:
Augusto Álvarez Rodrich |
La política peruana está oliendo mal y es probable que la hediondez se
quede por mucho tiempo debido a la revocatoria en marcha, al margen de si esta
se concreta o fracasa.
El plan para defenestrar a la autoridad municipal de Lima no busca mejorar
la ciudad –cuatro alcaldes en tres años es lo más alejado de ello– sino
objetivos particulares que van a dejar una secuela cuyas consecuencias serán
lamentables y difíciles de erradicar de la política peruana.
Para ello se han arrejuntado Alan García –y metido al Apra en la colada–,
Luis Castañeda y la parte bruta de la derecha peruana –incluyendo un grupo de
medios frustrado porque hace tiempo que no gana una elección–, aconchabándose
en un combo achorado que será recordado por el daño que le produjo a la
política nacional, algo por lo que deberán asumir su grave responsabilidad.
Este combo está tratando de romper la regla básica de la democracia de que
el que gana limpiamente una elección debe terminar su mandato, salvo
circunstancias excepcionales, como la de Alberto Fujimori en el 2000, cuando se
constató que el Perú vivía en una corrupción mayor al promedio inaceptable de
una sociedad que es demasiado corrupta.
Esto se respetó, incluso, en circunstancias extremas, como en la segunda
parte de los ochenta, cuando el primer gobierno de Alan García produjo, por su
irresponsabilidad e impericia, un desmadre expresado en un colapso económico,
político y moral que puso al país en el abismo.
El país fue generoso con García y le permitió terminar el mamarracho que
lideró con tanto entusiasmo, y luego le dio una segunda oportunidad para que la
historia no lo recuerde como el peor presidente del Perú.
Él no lo entendió así. En el 2004, marchó con la CGTP para tumbarse al
gobierno democrático de Alejandro Toledo y, si no fuera por la patada en el
trasero que le propinó a una persona con
discapacidad, su intento pudo haber alzado vuelo. Hoy, repite el asalto,
al chavetazo, aconchabado con Castañeda y la DBA, que no es contra Lima sino
contra la democracia y la institucionalidad.
En vez del estadista en el que quiso convertirse en su segundo buen
gobierno, García confirma con lo que hace que ha regresado al irresponsable de
su primera administración.
La revocatoria es un instrumento constitucional, es cierto, que, sin
embargo, debe ser revisado para que no sea mal usado, como ha ocurrido en
varias ciudades, y que ahora se quiere consolidar en la capital, como chaira
para el ajuste de cuentas, usando a Marco Turbio como sicario.
Lo que García y compañía han conseguido –al margen del resultado de la
revocatoria– es emputecer aún más la política peruana, convirtiéndola en un
gran prostíbulo en el que todo vale. Esto recién ha comenzado.
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